Las nuevas normativas, la evolución de los usos, la modernización y la transformación digital, junto con la intensificación de las amenazas, hacen que la protección de los entornos digitales del Estado y de sus actores públicos ya no sea una opción, sino una obligación.
Más allá de los sistemas de información, es imprescindible garantizar la seguridad de todos los servicios ofrecidos a la ciudadanía y de las infraestructuras que los sostienen.
